El peso de las palabras
“A los estudiantes de periodismo”
En el mundo se celebra la libertad de expresión y que bueno, pero mejor sería si paramos el caminar y por un instante observamos, ya no lo que sucede a escala internacional por el tiempo que nunca se tiene, pero si con una agudeza visual observar lo cercano de este hecho y como afecta sobre todo a los profesionales de la comunicación en Venezuela.
El peso de las palabras es una obra editada por Espacio Público bajo la coordinación de Carlos Correa y Débora Calderón y fue presentado (en nuestro caso) en una brillante idea que surgió de la Escuela de Comunicación Social de la ULA, núcleo Trujillo, cuando reunió a un grupo de periodistas del occidente del país en la ciudad de Valera para tratar el caso: Acceso a la información pública garantías y exigibilidad social.
El estudio, como se explica en la obra, se basa en el análisis de cuatro categorías jurídicas principales de violaciones a la libertad de expresión que se aplican en el contexto venezolano. Los describen como el vilipendio o desacato, la difamación o injuria, la censura judicial y la muerte de profesionales de la comunicación en el desempeño de sus labores.
En el trabajo presentado hasta el año 2006 se encontró que de los 82 casos presentados, 63 estuvieron relacionados directamente a periodistas, 6 es la suma de los casos de muertes de periodistas y 11 son las restricciones legales en contra de la libertad de expresión. Los casos objeto del centro del estudio fueron aquellos que involucraron directamente a periodistas. Las demandas a periodistas en ejercicio se contabilizaron en 11 por vilipendio o desacato, 22 por hostigamiento judicial y 30 estuvieron relacionados con difamación e injuria.
El estudio encontró que en los 63 procesos judiciales adelantados contra periodistas se violaron elementos sustanciales del alcance de estos tratados y convenios internacionales. En estos casos, las víctimas podrían recurrir a instancias internacionales de protección de los derechos humanos y solicitar recursos contra el Estado venezolano por el incumplimiento de sus obligaciones soberanamente asumidas.
La característica principal de estos juicios, suscribe el informe, es su extensa duración, ello implica agotadores esfuerzos psicológicos, físicos y económicos para las víctimas. La mayoría de los casos permanecen abiertos, sujetos a repetitivas reactivaciones en los tribunales, pero sin llegar a conclusión alguna. En varios casos los periodistas demostraron una relación entre la aparición de malestares físicos y el proceso judicial al que fueron sometidos.
Indica el informe que en los casos en estudio se observó que uno de los mecanismos (por mi perverso) es la apertura y demora de los procesos; y en otros se registró una velocidad extrema en procura de la sanción de los periodistas. Los 7 casos de privación de libertad y de sanciones civiles, como multas, se realizaron con mucha velocidad en procura de la sanción. Entre los casos de sanciones administrativas rápidas resalta el caso de Laureano Márquez y el Diario Tal Cual, quienes fueron penalizados con una multa de 105 millones de bolívares en aproximadamente tres semanas.
Todo esto lleva el riesgo de la autocensura propia o inducida, que la final es lo que busca el gobierno, que es más visible cada día y muy superior a otros tiempos. Ahora hay más conciencia que se es un blanco vulnerable frente a las represalias de los funcionarios que manejan todo el poder. Los periodistas valoran el riesgo que lo ven de forma creciente porque además esta vinculado a las reacciones del Estado.
“Sin embargo este riesgo es asumido por los mismos periodistas a sabiendas de que su trabajo puede ser objeto de censuras y demandas. Quienes observan los juicios de manera externa conocen este riesgo de convertirse en víctimas de estas denuncias, incrementando la rigurosidad de las investigaciones que realizan”.
Todo esto ha llevado a los periodistas a mantener una discreción en la búsqueda y selección de los materiales que se permiten o no publicar en relación a las pruebas que las sustentan. Por supuesto, esta actividad ha convertido al periodista en investigador lo que lo obliga, sin ser su oficio, a presentar pruebas de que sus denuncias son ciertas, cuando es al Estado a quien le corresponde investigar y determinar la veracidad de estas informaciones.
Por último, en este comentario, se puede citar que la carga de la prueba pretende hacerse recaer en los profesionales de la información, lo que se agrega a la sistemática política de negar el acceso a la información pública lo que añade dificultades adicionales al trabajo de los profesionales de la información//. ramiroperiodista1@gmail.com
“A los estudiantes de periodismo”
En el mundo se celebra la libertad de expresión y que bueno, pero mejor sería si paramos el caminar y por un instante observamos, ya no lo que sucede a escala internacional por el tiempo que nunca se tiene, pero si con una agudeza visual observar lo cercano de este hecho y como afecta sobre todo a los profesionales de la comunicación en Venezuela.
El peso de las palabras es una obra editada por Espacio Público bajo la coordinación de Carlos Correa y Débora Calderón y fue presentado (en nuestro caso) en una brillante idea que surgió de la Escuela de Comunicación Social de la ULA, núcleo Trujillo, cuando reunió a un grupo de periodistas del occidente del país en la ciudad de Valera para tratar el caso: Acceso a la información pública garantías y exigibilidad social.
El estudio, como se explica en la obra, se basa en el análisis de cuatro categorías jurídicas principales de violaciones a la libertad de expresión que se aplican en el contexto venezolano. Los describen como el vilipendio o desacato, la difamación o injuria, la censura judicial y la muerte de profesionales de la comunicación en el desempeño de sus labores.
En el trabajo presentado hasta el año 2006 se encontró que de los 82 casos presentados, 63 estuvieron relacionados directamente a periodistas, 6 es la suma de los casos de muertes de periodistas y 11 son las restricciones legales en contra de la libertad de expresión. Los casos objeto del centro del estudio fueron aquellos que involucraron directamente a periodistas. Las demandas a periodistas en ejercicio se contabilizaron en 11 por vilipendio o desacato, 22 por hostigamiento judicial y 30 estuvieron relacionados con difamación e injuria.
El estudio encontró que en los 63 procesos judiciales adelantados contra periodistas se violaron elementos sustanciales del alcance de estos tratados y convenios internacionales. En estos casos, las víctimas podrían recurrir a instancias internacionales de protección de los derechos humanos y solicitar recursos contra el Estado venezolano por el incumplimiento de sus obligaciones soberanamente asumidas.
La característica principal de estos juicios, suscribe el informe, es su extensa duración, ello implica agotadores esfuerzos psicológicos, físicos y económicos para las víctimas. La mayoría de los casos permanecen abiertos, sujetos a repetitivas reactivaciones en los tribunales, pero sin llegar a conclusión alguna. En varios casos los periodistas demostraron una relación entre la aparición de malestares físicos y el proceso judicial al que fueron sometidos.
Indica el informe que en los casos en estudio se observó que uno de los mecanismos (por mi perverso) es la apertura y demora de los procesos; y en otros se registró una velocidad extrema en procura de la sanción de los periodistas. Los 7 casos de privación de libertad y de sanciones civiles, como multas, se realizaron con mucha velocidad en procura de la sanción. Entre los casos de sanciones administrativas rápidas resalta el caso de Laureano Márquez y el Diario Tal Cual, quienes fueron penalizados con una multa de 105 millones de bolívares en aproximadamente tres semanas.
Todo esto lleva el riesgo de la autocensura propia o inducida, que la final es lo que busca el gobierno, que es más visible cada día y muy superior a otros tiempos. Ahora hay más conciencia que se es un blanco vulnerable frente a las represalias de los funcionarios que manejan todo el poder. Los periodistas valoran el riesgo que lo ven de forma creciente porque además esta vinculado a las reacciones del Estado.
“Sin embargo este riesgo es asumido por los mismos periodistas a sabiendas de que su trabajo puede ser objeto de censuras y demandas. Quienes observan los juicios de manera externa conocen este riesgo de convertirse en víctimas de estas denuncias, incrementando la rigurosidad de las investigaciones que realizan”.
Todo esto ha llevado a los periodistas a mantener una discreción en la búsqueda y selección de los materiales que se permiten o no publicar en relación a las pruebas que las sustentan. Por supuesto, esta actividad ha convertido al periodista en investigador lo que lo obliga, sin ser su oficio, a presentar pruebas de que sus denuncias son ciertas, cuando es al Estado a quien le corresponde investigar y determinar la veracidad de estas informaciones.
Por último, en este comentario, se puede citar que la carga de la prueba pretende hacerse recaer en los profesionales de la información, lo que se agrega a la sistemática política de negar el acceso a la información pública lo que añade dificultades adicionales al trabajo de los profesionales de la información//. ramiroperiodista1@gmail.com
PUBLICADO EN DIARIO DE LOS ANDES
No hay comentarios:
Publicar un comentario